El 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una pausa temporal en la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países considerados con mayor riesgo de convertirse en una “carga pública”, es decir, con probabilidad de depender de beneficios públicos en los Estados Unidos. Esta política, que forma parte de la agenda migratoria más amplia de la administración Trump, entra en vigor de inmediato y continuará hasta nuevo aviso mientras el Departamento revisa los procedimientos de evaluación y verificación.

Es fundamental entender que esta pausa aplica únicamente a las visas de inmigrante aquellas que permiten a los ciudadanos extranjeros residir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos (como las visas basadas en la familia, en el empleo, de diversidad y para residentes que regresan). La política no afecta las visas de no inmigrante (por ejemplo, visas de estudiante como la F-1, visas de trabajo temporal como la H-1B o L-1, visas de turista/negocios como la B-1/B-2, visas de intercambio como la J-1 o visas de prometido(a) K-1), las cuales continúan procesándose con normalidad.

Los 75 países sujetos a la pausa de visas de inmigrante son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania (Myanmar), Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Cuba, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Los partidarios de la política argumentan que protege a los contribuyentes estadounidenses y garantiza que los inmigrantes sean financieramente autosuficientes. Sin embargo, los críticos la califican de discriminatoria y señalan que retrasará o bloqueará vías legales hacia la residencia permanente para miles de familias y trabajadores. Ya han comenzado desafíos legales, centrados en alegaciones de que el criterio de carga pública se está utilizando indebidamente para señalar a poblaciones específicas.

La mayoría de los observadores no espera que esta pausa sea permanente. Debido a que se presenta como una revisión y reevaluación, en lugar de una prohibición formal a largo plazo, muchos analistas la consideran una señal política por parte de la administración Trump, destinada a demostrar una postura firme en materia de inmigración más que a implementar un cambio duradero en la política de visas de inmigrante.

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