Muchos extranjeros, particularmente ciudadanos mexicanos, creen erróneamente que un “Notary Public” en los Estados Unidos es lo mismo que un Notario Público en México. Este malentendido frecuentemente lleva a las personas a buscar ayuda migratoria con notarios en lugar de abogados de inmigración con licencia. Aunque los notarios suelen cobrar menos por sus servicios, elegir a un notario para manejar un caso migratorio puede resultar en errores costosos, retrasos e incluso negaciones de solicitudes.

En México y en muchos otros países de América Latina, un Notario Público es un profesional del derecho altamente capacitado, con amplias facultades y responsabilidades legales. En contraste, un “Notary Public” en los Estados Unidos no es abogado simplemente por contar con una comisión notarial. Su función principal es verificar identidades, presenciar firmas y administrar juramentos. No están autorizados para brindar asesoría legal, a menos que también sean abogados con licencia para ejercer.

La ley de inmigración es una de las áreas más complejas del sistema legal estadounidense. Completar formularios migratorios no consiste únicamente en llenar espacios en blanco. Cada respuesta proporcionada a USCIS o al Departamento de Estado puede tener consecuencias legales. Un error en una solicitud puede ocasionar retrasos, solicitudes de evidencia adicional, negaciones o, en algunos casos, acusaciones de fraude o tergiversación de información.

A diferencia de los abogados con licencia, los notarios generalmente no pueden representar a sus clientes ante USCIS, el Departamento de Estado, los tribunales de inmigración u otras agencias gubernamentales. Tampoco pueden desarrollar estrategias legales, evaluar la elegibilidad para beneficios migratorios ni asesorar a las personas sobre los riesgos y consecuencias de determinadas acciones. Los abogados de inmigración, por el contrario, están capacitados para analizar cada caso, identificar posibles problemas y defender los intereses de sus clientes durante todo el proceso migratorio.

Otra diferencia importante es la responsabilidad profesional. Los abogados están regulados por los colegios de abogados estatales y están sujetos a estrictas normas éticas y profesionales. Si un abogado comete un error grave o incurre en una conducta indebida, existen procedimientos disciplinarios y posibles recursos legales para proteger al cliente. Los notarios, por lo general, no están sujetos a los mismos estándares cuando ofrecen servicios relacionados con inmigración.

En nuestra oficina de inmigración, con frecuencia atendemos a clientes que llegan después de que un notario cometió errores en su caso. En muchas ocasiones, esos problemas podrían haberse evitado con la orientación adecuada desde el principio. Cuando su futuro en los Estados Unidos está en juego, contratar a un abogado de inmigración calificado suele ser la inversión más segura y efectiva que puede hacer.

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